Ley de Transparencia ☑
Buena Ley de Transparencia ☐

Visualización de los Presupuestos Generales del Estado en el proyecto ciudadano dondevanmisimpuestos.es (click sobre la imagen para acceder) realizado a partir de documentos oficiales

Que cuando el ciudadano pregunte, el Estado tenga la obligación de responder, sin intermediarios. Que cuando responda, lo haga de manera rápida y eficaz, con datos y no con discursos. Y a poder ser en un formato que informáticamente pueda ser reutilizado para generar combinaciones de todo tipo y extraer conclusiones. España es el único país de la Unión Europea – junto a los minúsculos Luxemburgo, Chipre y Malta – que no tiene una Ley de Transparencia que garantice ese acceso a la información pública.

Parece que hasta hoy. El Gobierno tiene previsto impulsar hoy, dentro de sus primeros cien días de mandato como prometió varias veces, un texto que regule el acceso ciudadano a la información pública.

¿Será una ley buena, mala o regular? ¿Insuficiente como en Italia o ejemplar como en Eslovenia o Reino Unido? La línea roja entre lo que sería satisfactorio y lo que no está en el ámbito de aplicación de la ley: ¿a qué datos y cargos públicos va a afectar? ¿quedarán fuera los jueces o el funcionamiento del Congreso? ¿incluye las agendas oficiales, los informes o la información estadística y demográfica? ¿habrá un órgano de revisión independiente de transparencia al que recurrir?

Una buena Ley de Transparencia sería la respuesta a muchas preguntas: ¿cuántas guarderías públicas gestiona la empresa Clece? ¿A quién han ido a parar las subvenciones en materia de Cooperación? ¿Cuánto cobra un alto funcionario del Ministerio de Defensa? ¿Quién ganó el concurso de ejecución de la obra del viejo edificio demolido en mi barrio? ¿Cuáles son los niveles de contaminación en mi ciudad? No se trata de que un funcionario responda directamente a estas preguntas tras horas buceando entre papeles, sino de que te faciliten la información en bruto, las bases de datos o documentos de los que se pueda extraer tu interés particular.

Muchas de las cuestiones logran ser respondidas gracias al trabajo de periodistas – o de investigadores de ONG – que logran acceder a los datos tirando contactos personales, de fuentes internas que se la juegan o tras una relación constante con quien tiene la potestad de contestar, que siempre acaba teniendo la sartén por el mango. Le debes un favor. “Pero el acceso a esa información no debería depender de si tienes contactos o no; la información generada por las administraciones debería ser pública sí o sí y disponible para cualquier ciudadano que la solicite”, nos comenta Victoria Anderica, de la Coalición Pro Acceso.

“Es importante que la gente entienda que esto no es un problema de periodistas sino de toda la sociedad”, apunta el periodista Nacho Escolar. De hecho, la transparencia acaba con parte del privilegio y el ‘negociado’ del periodista, el de destapar información oficial que alguien intenta que no se sepa. Si el Estado tiene que responder por ley, “se acaba en parte con la fuente como herramienta fundamental del periodismo”, dice Escolar. “Con una ley de transparencia, muchas de las exclusivas de los periódicos no habrían sido tales, porque se extraen de datos oficiales” que serían públicos en un escenario transparente. Y supondría un reto más para los informadores: si cualquier ciudadano puede tener acceso a los mismos datos que un periodista, ejerce también una vigilancia sobre el uso e interpretación que se les da.

Precisa y paradójicamente, el primer anteproyecto de ley de transparencia que el Gobierno socialista preparaba hace más de un año fue conocido gracias a una filtración a un medio de comunicación. Aquel gesto no gustó entre las organizaciones expertas. Y el texto tampoco: era “confuso” y muy “insuficiente” sobre todo en tres puntos: no especificaba a qué administraciones afectaría; el plazo máximo para responder a las solicitudes de información planteado era uno de los más largos de Europa; y la información que estaba excluida del alcance de la ley era “demasiada”.

Pasaron los meses y el Gobierno decidió no seguir adelante con la ley. Si de verdad se quería hacer funcionar, no solo había que invertir en mecanismos oficiales sino también en un cambio cultural masivo de la administración y sus alrededores, muchas veces perdida en sus propios papeles y pereza burocrática.

Y entonces llegó el 15M, que recuperó el debate dormido e hizo resonar la palabra “transparencia” en plazas y manifiestos.

En mayo, el Partido Popular hizo circular su propia propuesta de ley que mejoraba el texto hasta ese momento manejado por el Gobierno. Pero el mismo día en que se anunció el adelanto electoral, el viernes 29 de julio, las organizaciones de la Coalición Pro Acceso recibieron una carta (aquí en pdf) del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregi,  junto a un nuevo anteproyecto, totalmente nuevo:

“Estimados amigos:

En la mañana de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (…) Desgraciadamente, la tramitación parlamentaria de este Proyecto de Ley no será posible en esta legislatura, conocida la convocatoria de elecciones para el 20 de noviembre que el Presidente ha hecho pública hoy mismo”

La nueva propuesta, sin apenas trazos de la filtrada un año antes, satisfacía mucho más las exigencias de las organizaciones que hacen lobby por la transparencia. “El nuevo anteproyecto”, se dice en un informe de Access Info Europe, “aporta mejoras importantes”. Por ejemplo, se destaca que la ley sería aplicable “a todos los niveles del Estado”, incluyendo comunidades autónomas, ayuntamientos, al poder legislativo y al poder judicial y sus órganos independientes (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo…), cosa que no quedaba claro en el texto de 2010. Fuera de foco quedaban, sin embargo, asuntos que tengan que ver con la seguridad del Estado y, obviamente, los secretos oficiales, entre otros asuntos referentes al registro civil, al registro de la propiedad, al catastro, al registro mercantil, al registro central de penados y rebeldes, a la estadística pública, al censo electoral y al padrón municipal de habitantes, a los registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a la información sanitaria y a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración tributaria.

¿Dónde empieza la privacidad?

Hay un punto de fricción que marca una línea filosófica sobre lo que debe ser la transparencia: dónde está la barrera entre la información pública y la protección de datos personales. Esta nueva opción mejorada de la ley sigue dejando fuera toda la información que tenga que ver con la llamada “estadística pública”.

Pongamos un ejemplo. Un ciudadano concienciado con el bienestar de los ancianos decide averiguar si los centros asistenciales para mayores se reparten en su ciudad de manera proporcional, según la necesidad que haya en cada barrio y no según su nivel adquisitivo o tendencia política mayoritaria. Para eso, necesita cruzar dos datos: cuántas personas mayores de 65 años hay en cada barrio y dónde están los centros públicos de la ciudad.

La aplicación MonQuartier, desarrollada en 48h para un concurso de visualización de datos públicos, presenta datos demográficos de varias ciudades españolas

Para averiguar lo primero, el ciudadano tiene que intuir de qué informe demográfico podría extraer esa información. Quizá parte de la misma ya haya sido publicada, en informes municipales o en notas de prensa. Pero estamos hablando de acceder al bruto, a la base de datos que la administración ha usado para hacer el informe o la nota de prensa.

Algunos ya lo intentan, aprovechando indefiniciones en materia de propiedad intelectual o debilidades técnicas de las páginas web públicas. “A nivel técnico, lo que es el pan nuestro de cada día es que los datos no estén realmente disponibles en un fichero, sino que tengas que extraerlos de la web con maña, paciencia y algunos programas (scraping)”, nos dice David Cabo, desarrollador de varias aplicaciones no comerciales que convierten la información pública en algo útil , como la recién lanzada tuderechoasaber.es, que recibe preguntas de los ciudadanos que intentará canalizar hacia la administración. Se queja de que incluso en aquellos casos en los que los datos son públicos, “muchas veces no tienen el mismo nivel de detalle que en otros paises, o sólo están para una comunidad o una ciudad concreta. Hay muchos huecos”.

Solicitud de información a través de tuderechoasaber.es

En el ejemplo de la imagen anterior, la de los españoles de MonQuartier, los programadores “se las vieron para se las vieron para encontrar datos a nivel de barrio (incluso encontrar la lista de distritos en Madrid no era obvio)”, nos comenta Cabo por correo, “mientras que en Estados Unidos bajan a este nivel”, y nos envía el enlace a un mapa elaborado al máximo detalle por el New York Times con datos oficiales de la distribución racial en Estados Unidos:

"Mapping America", una aplicación del New York Times, con la distribución racial y étnica en todo el país, barrio por barrio.

Esas partes que las instituciones se reservan para sí podrían conocerse con las bases de datos originales, pero con la restricción de la estadística pública en la ley de transparencia, esas bases de datos no serían automáticamente entregadas al que las requiera.

¿Por qué? Porque se entiende que se pondría en peligro la privacidad de las personas cuyos rasgos personales están descritos en ese documento, se argumenta. Porque, en un mundo donde se advierte casi a diario del mal uso que las empresas pueden hacer de la información que compartimos en Internet, sería imprudente hacer circular tantísima información personal. Porque en vez de querer averiguar cuántos centros asistenciales hay en el barrio, alguien puede querer buscar su nicho de mercado o algo peor.

Una empresa inmobiliaria en Estados Unidos ha colocado sobre un mapa los datos públicos de crímenes cometidos en cada ciudad de Estados Unidos para que los posibles compradores de sus inmuebles lo tengan en cuenta (click sobre la imagen para acceder)

“Hay que quitarse el miedo a esas cosas”, nos dice Victoria Anderica de Access Info en respuesta a esa lógica. “En países como el Reino Unido, la protección de los datos personales y la privacidad es altísima y, sin embargo, tienen leyes muy abiertas en acceso a la información pública”. Para minimizar los riesgos, según Access Info y otras fuentes expertas en privacidad que hemos consultado, vale con “disociar los datos consultados de la identidad de las personas”. Es decir, que en algunos casos bastaría con tachar los nombres de un documento, según los más proclives a la transparencia.

El abogado Javier de la Cueva juega con otro ejemplo para explicarlo: “Yo quiero saber cuántas operaciones de corazón se han realizado en un hospital concreto, y saber cuántas han sido mujeres, pero para eso no necesito saber quiénes eran esas personas”, comenta. “Y de hecho, nadie le está pidiendo a la administración que haga doble trabajo para eliminar esas identidades de las bases de datos, porque” – salvo para la atención directa del paciente, en este ejemplo – “la ley no permite siquiera al Estado manejar y almacenar esa información”.

El Banco Mundial libera sus datos estadísticos para que cualquiera pueda procesarlos y crear aplicaciones como statplanet.org (cick sobre la imagen para acceder). En este mapa, la tasa de muertes de mujeres en el parto.

En todo caso, el anteproyecto aprobado en julio quedó en suspenso con las elecciones del 20 de noviembre. El PP ha anunciado en reiteradas ocasiones que aprobará su Ley de Transparencia en los primeros 100 días de Gobierno. Parece que cumplirá. Ha llegado el momento de resolver las incógnitas.

Adaptación y actualización de un artículo publicado en septiembre de 2011

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8 comments

  1. Miguel   •  

    “Porque en vez de querer averiguar cuántos centros asistenciales hay en
    el barrio, alguien puede querer buscar su nicho de mercado o algo peor”.

    ¿Se puede saber qué tiene de malo que una empresa utilice la información para buscar “su nicho de mercado”? ¿Qué objeción existe a que la información *agregada* sea pública?

    Saludos.

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