La Iglesia se topa con Florentino

El Gusto de Servirle es una “empresa de inserción” nacida en el seno de Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, para dar empleo a personas con riesgo de exclusión social, es decir, a personas que están al borde de una situación muy peligrosa por haber sufrido violencia, discriminación, estar al filo de la pobreza o no tener las habilidades ‘homologadas’ para competir por un puesto de trabajo.

Cocina de El Gusto de Servirle

Las 11 personas que trabajan en Burgos en El Gusto de Servirle daban servicio, hasta ahora, a unos doscientos ancianos, a los que visitaban cada día para llevarles comida caliente y su ropa lavada y planchada. “Es un servicio que nosotros propusimos en el Ayuntamiento y que de hecho se creó por iniciativa nuestra”, nos cuenta el reponsable de Cáritas en Burgos, Andrés Picón. “Ahora se ha cumplido el contrato y, al sacarlo de nuevo al concurso de varias empresas, se lo ha llevado Clece”.

Clece. Ya hablamos en Periodismo Humano de esta empresa del Grupo ACS, del que es propietario Florentino Pérez, más conocido por ser presidente del Real Madrid. Clece ha aumentado vertiginosamente en los últimos años su presencia en el sector público gracias a que ha conseguido ganar concursos para gestionar casi de todo: aeropuertos, limpieza de edificios institucionales, la comida de los hospitales, jardinería, así como más de 100 guarderías públicas que en muchos casos antes coordinaban organizaciones sin ánimo de lucro o cooperativas.

Sobre Clece cae dentro del ‘tercer sector’ la acusación (moral; por supuesto nada de todo esto es ilegal) de ganar los concursos a base de hacer ofertas económicas imposibles de igualar por organizaciones pequeñas. Sobre las instituciones como el Ayuntamiento de Burgos cae la acusación (moral, de nuevo) de ceder a la presión de la oferta económica y no tener en cuenta el valor social que tienen las empresas como El Gusto de Servirle, tanto por quiénes trabajan en ella como por la calidez humana que recibe el atendido, incompatible, dicen, con la maximización de beneficios.

“Objetivamente tenemos más méritos que ellos”, dice el responsable burgalés de Cáritas. Por eso han puesto una reclamación ante el Ayuntamiento para que se vuelva a revisar la adjudicación y los criterios de puntuación, y dice que informalmente la excusa que les han dado los funcionarios es que la oferta estaba redactada de manera “demasiado infantil” y que Clece ha presentado mejor su proyecto sobre el papel. De manera formal, el Ayuntamiento se ha limitado a decir que la oferta de Clece era mejor y que respeta la decisión de recurrir la decisión que ha efectuado Cáritas.

“Las grandes empresas están desembarcando en los servicios sociales y van a acabar con nosotros“, afirma Picón. “Por mucho que diga Clece en su oferta que va a contratar a un 11% de empleados con riesgo de exclusión o discapacitados, nunca serán una empresa como la nuestra. Nosotros no hacemos esto para ganar dinero sino por un lado para dar un buen servicio a personas mayores que lo necesitan y por el otro poder garantizar que personas que están fuera de los circuitos laborales puedan comenzar a trabajar para que, dos o tres años después, puedan incorporarse al mercado normal”.

Según Cáritas, “Clece dejará de servir comida caliente todos los días, como hacemos nosotros, para empaquetar la comida cada semana y repartirla congelada cada tres días”. Picón presume además de que “los jefes El Gusto de Servirle son educadores sociales que tienen claro que es mejor perder dinero, como nos ha pasado alguna vez, siempre que se consiga la labor de inserción”. También destaca que además de preparar comida y ropa, los trabajadores de este colectivo también charlan con los ancianos y detectan problemas o necesidades de los que puedan advertir a otras administraciones.

Se calcula que en España hay más de 200 empresas de inserción que generan unos 3000 empleos dirigidos a personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

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Ocho mil despidos por el terremoto

Un hombre sostiene una bandera de Chile en Pelluhue, una zona a 321 kilómetros de Santiago inundada tras el terremoto (Roberto Candia / AP)

Los cimientos de la economía chilena se han resquebrajado en aquellas zonas donde más fuerte pegó el terremoto de hace un mes. Algunas empresas directamente afectadas por el seísmo han tenido que cerrar porque sus oficinas o equipos ya no existen. Otras han salvado el negocio pero no la productividad. Y lo que viene justo después de eso son los despidos.

A más de ocho mil cuatrocientas personas las han echado del trabajo en las zonas más afectadas por el terremoto por empresas que se han acogido a un capítulo de la ley chilena que permite rescindir sin indemnización el contrato de un trabajador “por fuerzas de causa mayor”.

“Hoy nos han despedido a todos aplicando el famoso artículo 159 número 6“, dice Gustavo en los comentarios del blog de un abogado, “pero al restaurant no le pasó nada, se quebraron solo veinte copas y dos microondas, nada más. Quiero saber si mi jefe nos puede despedir sin pagarnos nuestros años de servicio”. La misma duda tiene Rafael, que lleva “más de 30 años trabajando en el mismo lugar con contrato indefinido” pero que da por perdido su puesto porque “las inversiones necesarias para que siga funcionando lo hacen poco factible”. El abogado les confirma sus peores presagios.

Rafael lleva 30 años en la empresa y no cobrará indemnización por el despido

Alejandra trabajaba vendiendo pan, aunque “a raiz del terremoto mi lugar de trabajo, que es de adobe, se destruyó completamente”. La jefa les pidió que recogieran y transportaran toda la mercancía para poder seguir trabajando “en otra sucursal que no sufrió daños mayores. Despúes de tener todo ordenado, nos avisa que no podrá seguir empleandonos y que nos finiquitará”.

Algo parecido les pasa también a Carol y a 87 compañeros del casino donde trabaja, a Marta, que estaba indefinida en un restaurante, o a Abraham, que fabricaba pantalones vaqueros. “¿Es legal que se descuente un día del sueldo de los trabajadores que no pudieron llegar a su puesto el día del terremoto?”, se pregunta otra lectora.

El desasosiego ha movilizado al grupo de abogados de Fundación Pro Bono, que presta servicios legales voluntarios y gratuitos a personas vulnerables y están dando charlas en las zonas más afectadas por el terremoto. También 300 estudiantes de Derecho han recibido un curso exprés que les permitirá informar a las personas de su entorno. Las preguntas más frecuentes dicen mucho de la realidad que se vive entre los escombros económicos de algunos barrios chilenos.

Ante la sospecha de que las empresas puedan estar abusando de la cláusula de la “fuerza mayor”, el Gobierno de Chile ha dictaminado que los despidos solo son válidos para casos en los que “los efectos directos [del terremoto] sean irresistibles”, es decir, que la “posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores” sea “nula”. Si intentan aprovechar el momento para deshacerse de unos cuantos contratos en vigor, “se arriesgan a una indemnización extra del 50%”, ha dicho la ministra de Trabajo chilena Camila Merino. De los más de ocho mil despidos vinculados al terremoto, la mayoría se han producido en la región Metropolitana, en la de Biobio y en la de Meule, las más afectadas por el terremoto y las más humildes.

El terremoto hipócrita

Leíamos antes a Alejandra, que vendía pan en una casa de adobe. Volvamos a eso porque no es casual. La imagen de Chile como la Europa de América Latina permanece firme sobre los edificios del centro de la capital, Santiago, pero se va reblandeciendo conforme se buscan los suburbios y el campo. “En Chile es justamente la provincia, la olvidada provincia donde el desarrollo apenas ha permeado la población, la que sufre sin ser capaz aún de contar sus muertos”, escribía la semana pasada Rafael Gumucio en Letras Libres. “Muchos de los edificios que conservan sus fachadas intactas abrigan dentro grandes grietas que los hacen inutilizables. Lo mismo se puede decir del país en general: la fachada ha quedado más o menos intacta, la estructura no se ha desmoronado, pero muchas de las grietas ocultas del país se han hecho más profundas e inevitables ahora”. También se han escrito otras cosas, como la provocadora columna del Wall Street Journal “Cómo Milton Friedman salvó a Chile“, una defensa de la política económica de Pinochet, que según el autor ha evitado que Chile no sea hoy Haití.

Pero no nos perdamos. Las casas de adobe. Como las del barrio Yungay, en la región de Biobio, “que no resistieron el terremoto”, cuenta un estudiante en BBC Mundo. “Las familias que residen en esa área se vieron obligadas a dormir en las calles, dentro de tiendas de campaña”. Otra joven chilena lo pone en cuatro palabras: “Santiago no es Chile”. Y los datos la acompañan “porque el 20% de los hogares más pudientes del país ganan cerca de la mitad de los ingresos del país, frente al 5% del quinto más pobre”, cita que nos lleva de nuevo a un artículo del Wall Street Journal que parece decir, salvando los muebles, exactamente lo contrario que el que hemos citado en el párrafo anterior. “Las diferencias en el estatus económico parecieron tener una influencia decisiva a la hora de determinar la forma en la que la gente soportó el terremoto”.

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La última: pasar por el polígrafo en las entrevistas de trabajo

Esto no es la tele. Aquí no hay espectáculo. No hay preguntas cebo ni guerra de audiencias. Es puro negocio basado en la desconfianza. Varias empresas españolas extienden el uso del polígrafo en las entrevistas de trabajo para “identificar a tiempo a quienes constituyen una amenaza o un riesgo para la empresa y lógicamente tratan de ocultarlo”, dice en su web la empresa española Omnis, que vende sus servicios a otras compañías para someter a empleados y aspirantes a la “máquina de la verdad”.

“Más del 70% de los candidatos a un puesto de trabajo oculta o distorsiona algún dato relevante sobre su persona, su historial o sus intenciones. Por ello el polígrafo cada vez se utiliza más”, afirma la publicidad de la empresa. Hay otras compañías que ofrecen una carta de servicios casi idéntica, como Horcis, Bear Forensics o el Grupo Verity. Este último ue presume en su web de haber prestado sus servicios de polígrafo a empresas como McDonald’s, Securitas, Bimbo, BBVA o Wolkswagen.

¿Para qué se usa exactamente el polígrafo? No conteste ahora, hágalo después de la publicidad.

Publicidad de las tarifas de una de las empresas que ofrecen pruebas del polígrafo.

Todas las empresas citadas prometen que gracias a su prueba se podrá saber si “todos los datos del CV de un candidato son ciertos”, detecter si hay “adicciones, conflictos en anteriores empresas, antecedentes, enfermedades, abusos de alcohol…” o si las intenciones del candidato no son las que parecen. Y se dan algunos perfiles que representan a los puestos de trabajo más indicados para someterse al detector: cargos con presupuesto asignado, “vigilantes, limpiadoras” (sí, con a), etc.

Por supuesto, el servicio está diversificado y también tiene una aplicación más personal: “el personal doméstico de una casa debe ser de máxima confianza. El polígrafo permite (…) aclarar aquellas dudas o sospechas” sobre “maltrato a bebés o a ancianos, robo, fraude…”, dice Omnis en su web.

Y, sin embargo,aunque se las arreglan para averiguar todo eso, afirman que “en ningún caso se formulan cuestiones relativas a la vida sexual de las personas, su orientación religiosa o política, ni se invade de modo alguno su intimidad“.

publicidad corporativa de Omnis

Omnis se funda en 2007 en Málaga y en solo tres años, los de la crisis, tiene sede en tres ciudades más. Es la empresa que está detrás del sistema del polígrafo utilizado en algunos programas de televisión, como El juego de tu vida. A pesar de este crecimiento, los sindicatos no tienen constancia de ninguna denuncia por parte de ningún trabajador y se muestran “escandalizados” con la posibilidad de que todo esto esté ocurriendo.

Cada año, Omnis trabaja para “unas 15 empresas” en selección de personal, según David Fierro, jefe de marketing de la compañía, con el que hemos hablado. Reconoce que “aunque la práctica se extiende, todavía son pocas”, y que la mayoría de los polígrafos en España se usan “para aclarar infidelidades, robos en el hogar o abusos sexuales”.

El portavoz de Omnis nos cuenta que están intentando potenciar esta vertiente de su negocio dedicada a lo laboral. “Se trata de no esperar a que te roben, sino comprobar desde el inicio que estás contratando a personas de confianza. Uno puede decir que es honesto, pero si lo es de verdad, no le importará demostrarlo“.

¿Es legal?

Ese “no le importará” es un matiz clave en todo este asunto. Las pruebas del polígrafo, claro, son voluntarias; uno se somete a ellas sólo si quiere. Sin embargo, es evidente que si no se pasa por el polígrafo es muy probable que quedes descartado para el puesto. ¿No hay coacción laboral?

Legalmente no, según la abogada Paloma Llaneza: “el uso del polígrafo no es válido ante la Justicia española, pero la ley no regula otros usos privados. Y los procesos de selección de personal no forman parte legalmente de la relación entre empresarios y trabajadores, donde sí se entiende que no hay condiciones de igualdad, que puede haber coacción: en teoría, cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, acude a un encuentro de igual a igual. Una vez contratado, ya sí se entiende que el trabajador no es libre de negarse a hacer el test y, por tanto, la prueba sería nula”.

Los sindicatos, en cambio, ven evidente que “esas preguntas se hacen en un contexto donde se fundamenta la relación laboral”, en palabras de Jesús González, abogado sindicalista. “Desde el momento en que empieza el contacto empleado – empresa debe existir protección para el trabajador”, añade, y en eso está de acuerdo con Francisco Díaz, de la Fundación Socio Laboral de Andalucía, que califica de “extremadamente grave” que en una situación legalmente voluntaria, “pero que no lo es”, uno tenga que “declarar sobre su ideología, religión, creencias, afiliación, enfermedades, etcétera”.

Desembocamos: en España, el meollo del asunto no está en la herramienta que se usa sino en las preguntas. ¿Es legal que te pregunten en una entrevista de trabajo, por ejemplo, si estás embarazada? Se da la paradoja de que “es legal que te lo pregunten, pero es ilegal que tengan en cuenta la respuesta a la hora de elegir”, nos dice Paloma Llaneza. “Puedes negarte a contestar y tienes derecho a mentir. Y si eres capaz de demostrar que no te eligieron por no contestar o por contestar algo que forma parte de tu intimidad, entonces va contra la Constitución, porque es discriminatorio”.

Por tanto, según esto, preguntar no discrimina, elegir según criterios discriminatorios, sí. Y, claro, cómo demostrar que efectivamente no te contrataron por ser negro, o hetero, o de derechas, o budista.

Estamos una vez más en el terreno de lo ético. Paloma Llaneza comparte que “moralmente, el uso del polígrafo en cualquier circunstancia es reprobable”, pero matiza que “las mujeres llevamos décadas recibiendo preguntas inaceptables en las entrevistas de trabajo”. De hecho, añade Llaneza, “me consta que El Corte Inglés manda a investigadores privados a comprobar el perfil personal de la gente a la que va a contratar; los manda a sus casas, incluso”.

Otro ejemplo crudo nos lo ponía el propio portavoz de Omnis en conversación telefónica: “A muchas mujeres en las entrevistas de trabajo se les pregunta por ejemplo cuándo fue la última vez que tuvieron la regla“, dice. “La respuesta no importa en absoluto, es sólo para ver cómo reacciona en una situación incómoda”.

Cambiar la ley para inlcuir los procesos de selección en las relaciones laborales y así proteger a los candidatos de estas situaciones se antoja difícil, vista la tendencia hacia la flexibilización del mercado de trabajo: “haría la contratación más complicada, más lenta, sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, que se juegan mucho en cada contrato”, opina Llaneza. Sin embargo, en Estados Unidos, una Ley para la protección del empleado contra la prueba del polígrafo prohíbe desde 1988 el uso del detector tanto en el “período de pre-empleo” como con el contrato en vigor.

Empresas españolas en el extranjero

A menos garantías y derechos tengan los trabajadores, más campo para correr tiene el detector de mentiras. La empresa española Calvo, la del atún, claro, ha recibido denuncias sindicales en El Salvador por “someter a interrogatorios bajo aplicación del polígrafo” a 20 trabajadores, ya contratados, en 2007.

Uno de esos trabajadores cuenta cómo “la jefa de Producción me manifestó que a varios compañeros de mi área se nos iba a practicar una prueba poligráfica, debido a que, supuestamente, habían ocurrido actos de sabotaje contra un montacargas y una banda de producción. Aunque decían que era ‘voluntaria’, el negarse a practicarla era, según la Administración, una prueba de tener alguna implicación o conocimiento de los hechos”. Las preguntas del interrogatorio se salían de lo extrictamente ocurrido, con lo que la empresa obtuvo información sobre la vida interna de los sindicatos, por ejemplo.

Otra empresa española, Unión Fenosa, fue acusada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, una asociación de juristas que analiza los abusos de las multinacionales en todo el mundo, de precarizar los puestos de trabajo dejándolos en manos de subcontratas que, entre otras prácticas, aplicaban el polígrafo para la contratación.

¿Ha consumido droga en los últimos tres meses? ¿saca provecho de la prostitución? ¿lleva un arma? ¿ha matado a alguien? ¿ha abusado sexualmente de alguien? ¿ha visto alguna mujer desnuda? ¿es cristiano de verdad? ¿ha participado en conflictos laborales? Son algunas de las preguntas que tuvo que contestar Agustín Ortíz en una entrevista de trabajo para una compañía guatemalteca que relata en el Diario de Centro América. En ese artículo, el abogado laboralista Alejandro Argueta dice que “lo que se vislumbra es que el mercado laboral se está organizando sobre el paradigma cultural de que el trabajador es un criminal, un enemigo”.

También en Colombia, una empresa portuaria hizo pasar a todos los trabajadores de un muelle por el polígrafo para interrogarles sobre la desaparición de un contenedor. En  estos casos se trata de investigaciones internas dentro de las propias compañías, independientes a las que le corresponde hacer a la policía.

Noemi es una publicista peruana y contó en su blog su odisea del polígrafo. Tuvo que hacer cuatro pruebas para conseguir su trabajo; la última, frente a una “psicóloga fría y calculadora”, que le dijo, según cuenta ella misma, “Noemi, la mentira es mala, no hay mentira blanca o mentirita (…) No te conviene mentir porque yo lo sabré. ¿Hay algo que quieras decirme antes de empezar? Dime qué es lo mas malo que has hecho en tu vida”. Luego comenzaron las preguntas con el polígrafo sobre “si había estado presa” o “si tenía vínculos con narcotraficantes”, por ejemplo.

¿Pero es fiable?

Todo lo anterior se centra sobre si es ético y legal que una persona sea sometida a una máquina de la verdad como requisito para acceder a un puesto de trabajo. Otro tema diferente es si los resultados son fiables. Obviamente, las empresas que prestan servicios relacionados con el polígrafo exhiben sus diplomas, certificados, modelos tecnológicos y analogías internacionales para dejar claro que lo suyo es ciencia (y de camino echar tierra encima de la competencia).

Pero Estados Unidos no admite en un juicio pruebas inculpatorias obtenidas por el polígrafo. Alemania tampoco. Colombia tampoco. España tampoco. “Las alteraciones fisiológicas cuando uno miente [si te late más o menos el corazón, si la respiración varía...] dependen demasiado de la personalidad de cada uno como para darlos por definitivos”, dice Paloma Llaneza. “Además, la homologación de los aparatos no ofrece las garantías que debería”, nos dice un portavoz de UGT.

Y luego está el otro frente: quién se queda y para qué se usa el archivo de preguntas y respuestas, con información sobre el verdadero juego de tu vida. En España, la Ley de Protección de Datos los protege e impide que todo eso pase a manos de terceros… pero el mundo es grande y la letra pequeña es traicionera. Verdad verdadera.

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Amianto: veneno para pulmones pobres

Un trabajador filipino de 75 años muestra la radiografía que determina su enfermedad por culpa de la exposición al amianto en la construcción de barcos para EEUU (AP Photo / Aaron Favila)

En España no dejará de morir gente por culpa del amianto hasta dentro de medio siglo. La exposición de los trabajadores a este mineral en la construcción de los coches que conducimos, de los barcos en los que enviamos nuestras mercancías o de los edificios en los que trabajamos provoca unos 300 enfermos de cáncer de pulmón al año, que van a ser más cuando a partir de 2015 la enfermedad dé la cara a una generación de currantes que todavía no saben que están afectados. Ahora que su uso es ilegal en la mayoría del mundo rico, el amianto se ha deslocalizado y corre a sus anchas por los pulmones de los países en vías de desarrollo.

Hubo un tiempo, no lejano, en que esos pulmones sin protección eran españoles. Un murciano, ya jubilado, tiene estos días contra las cuerdas a 22 empresas estadounidenses a las que ha llevado a juicio por provocarle un cáncer de pleura. Este trabajador del astillero de Cartagena, junto a otros cientos de compañeros, estuvo expuesto al amianto durante 29 años en la construcción de buques. Las compañías norteamericanas, con la complicidad de las autoridades, ignoraron en España las precauciones reguladas en su país desde los años 70 sobre un material reconocido internacionalmente como muy peligroso.

soldados del amiantoDe aquellos negocios, estas muertes. La última víctima del amianto se llamaba Josu Murua, un trabajador bilbaino del sector naval que falleció el pasado mes de diciembre. Dejó a su mujer embarazada de ocho meses y medio y a una hija de 13 años.

Pero España ya sabe que, aunque sea dentro de 50 años, dejará de enfermar por culpa del amianto, también conocido como asbesto. Desde 2002 es ilegal, como también lo es en el resto de la Unión Europea, Chile, Argentina, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Arabes, Sudáfrica o Nueva Zelanda. Los jóvenes que hoy empiezan a trabajar en la construcción en esos países pueden confiar en que sus alveolos estarán protegidos legalmente contra esas partículas que le han destrozado la vejez a sus padres, a sus vecinos o a sus hermanos mayores.

Como España ya no puede ser el cementerio del amianto, las empresas han tenido que buscar a otros a quienes contaminar. Estados Unidos no ha renunciado a encontrarlos dentro de su propio territorio, donde trescientos mil trabajadores siguen en contacto con un peligro, según datos de 2004 de la American Thoracic Society, que causa la muerte de uno de cada 125 hombres mayores de 50 años.

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En todo el mundo, cien mil personas mueren cada año por culpa del amianto y más de cien millones de personas siguen respirándolo a diario, lo que asegura un impredecible pero en cualquier caso alto número de muertes durante este siglo. Canadá, siempre vista como la hermana buena de la familia norteamericana, determina parte de estas cifras. Exporta su amianto a lugares como India, Kirguistán, México, Pakistán, Filipinas, Ucrania o Vietnam, donde se puede trabajar y comercial con él con menos riesgo para su imagen, con menos gasto en salarios y con menos coste para su servicio público de salud.

Rusia y China también son líderes en la producción y consumo de materiales con amianto. En China, la mina más importante, que ha recibido premios de calidad por parte de las autoridades, es un campo de trabajo para presos (pdf).

Mina de amianto en Shimiankuang (China) (Foto: CentralAsianTraveler)

Mina de amianto en Shimiankuang (China) (Foto: CentralAsianTraveler)

“¿Cómo puede ser que haya un contraste tan fuerte entre reacciones rápidas, por ejemplo, con la gripe porcina y la pasividad del mundo político frente a una causa de mortalidad mucho más importante?”, se pregunta en un completo artículo Laurent Vogel, experto en derecho laboral.  Y se responde:

“Ha habido un lobby muy activo y coordinado de los grupos industriales” y se ha “arrastrado a sindicalistas en nombre de la defensa del empleo. La enfermedad del asbesto se consideraba como el precio del progreso

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